A partir de los resultados de las PASO, dos fueron las decisiones que el oficialismo anunció de distintas formas: el cambio de ministro de seguridad bonaerense y el debate por la disminución de la edad de punibilidad. La idea fue instalar la “seguridad” como eje principal de la campaña para las elecciones de Octubre. El concepto engloba, en líneas generales, la criminalidad de la calle, aunque su construcción pertenece a otros ámbitos a los que, en definitiva, apunta la decisión oficialista: los medios de comunicación, que son los que deciden, en buena parte, lo que se discute de política. Y la burocracia política acepta, porque es gratis debatir sobre la inflación del aparato represivo estatal –que siempre se utiliza para disciplinar al pobrerío-, en lugar de discutir sobre las políticas energéticas, de educación, impositiva, soberanía alimentaria; en suma, acerca de la distribución de la riqueza. Ingresar al círculo al que los grandes medios de comunicación permanentemente invitan, implica ceder espacios, resignar debates, aceptar el brete al que las clases dominantes pretenden dirigirnos, con la previsible agenda pequeña que a ellos se les antoja.

 

               Sobre la baja de la edad de punibilidad para que más chicos sean carne de cañón del sistema represivo (que incluye a la estructura judicial), se exhiben dos clases de impulsores: los que asumen necesario bajar la edad porque están convencidos –sin cotejar ninguna fuente, que les indicaría lo contrario- que es elevado el porcentaje de crímenes con participación de niños; otros que, como algunos referentes de derechos humanos, consideran que debe modificarse la legislación sobre la responsabilidad penal de los niños, dado que la ley vigente es de la dictadura y porque existe de hecho una intervención judicial que dispone de los chicos y sus libertades, sin siquiera darles la oportunidad de defenderse.  A la primera se sumaron funcionarios oficialistas como Sergio Berni, mientras que a la segunda, dirigentes y candidatos como Diana Conti y Martín Insaurralde. Sin embargo, ambas vertientes confluyen en la misma consecuencia: instalar, una vez más, un anhelo preciado por el sector blumbergista, que es incrementar el espectro de jóvenes –pobres, por cierto- usuarios del sistema penal. Quienes se oponen a reducir la edad –entre ellos, muchos dirigentes del mismo oficialismo- insisten en que no es necesaria semejante concesión a la derecha para modificar el régimen heredado de la dictadura y brindar a los chicos mayores derechos y garantías, sino que existen otros caminos menos perjudiciales.

 

            Respecto del cambio de alfiles en la seguridad bonaerense, los dirigentes del oficialismo cuyas vidas políticas tienen mayor contacto con los derechos humanos, se opusieron o, al menos, no manifestaron entusiasmo, dejando entrever que otra vía era posible. Las cocardas en tiro al blanco del flamante ministro no juegan a su favor, pero tampoco la circunstancia de que el nombramiento importa una clara decisión de jugar pensando en el beneficio de los intendentes del conurbano, a cuyas manos se estudia deslindar la policía y quienes, inmediatamente a partir de la derrota en las PASO, comenzaron a pasar facturas, y las primeras víctimas, como siempre sucede con el peronismo, fueron los extrapartidarios, quienes, además, fueron víctimas de macartismo, como la gente de Nuevo Encuentro.

 

            Para potenciar la campaña se puso énfasis en el lugar común de discutir medidas insustanciales –por no decir lisa y llanamente perjudiciales para los sectores menos favorecidos- referidas al tema del que todos opinan para salir en notas, pocos conocen y a casi nadie le interesa; el oficialismo utilizó al caballo (ajedrecísticamente hablando) de Sergio Berni, quien no sólo se manifestó conforme con incluir a más niños en la pretensión punitiva estatal dando argumentos por demás falsos, sino también que, con aires liberticidas, se tomó el trabajo de juntarse con jueces para exigirles mayor rigurosidad en la aplicación de las excarcelaciones. El mensaje que se sube al tren fantasma es que para democratizar el sistema judicial hay que debilitar y hasta negar garantías y derechos. Todo se justifica si de intentar ganar elecciones se trata (suponiendo que esas medidas repercutirán en el electorado del modo deseado). Por su parte, la Corte Suprema convocó a los jueces para debatir sobre la necesidad de modificar las normas procesales y de funcionamiento de los tribunales, medida que se parece bastante a un intento de generar consensos internos para fortalecerse y dar nuevas batallas. Toda modificación de tal naturaleza deberá pasar por el debate parlamentario. Los jueces lo saben, pero miden fuerzas. Mientras tanto, los jueces y la Procuración General de la Nación están manifestando su preocupación, a través de distintas acciones, de la inhumana situación a la que son sometidas las personas privadas de libertad en los distintos centros de detención. Torturas y malos tratos son noticias cotidianas. Sobre estos temas pocas voces se oyen desde el ámbito político, y ninguna de aquellos que son candidatos en las próximas elecciones (no sea cosa que algunos medios de comunicación se enfurezcan con ellos).

 

            El discurso va dominando la escena y dotando de mayor fuerza a las plumas y comentaristas que, desde distintos medios de comunicación, propician la inflación del brazo represivo del Estado. Como contrapartida y tal como sucedió durante otras épocas –para no ir muy lejos, recordemos la escalada de violencia generada a partir de las versiones difundidas por dirigentes políticos durante la represión de diciembre de 2001 y la masacre del puente Pueyrredón en junio de 2002-, las fuerzas de seguridad se encuentran a sus anchas al desplegar su violencia sobre los sectores marginados, convencidas que contarán con voceros que apuntalarán sus prerrogativas, con dirigentes políticos que las apoyarán insuflándoles aliento, y jueces y fiscales remisos a investigar sus conductas, si tanto fervor popular tienen, como sostiene la manida cantilena de quienes, sempiternamente, clamaron por la mano dura.

 

*Abogado- Fundación Liga por los Derechos Humanos.