Hace ya cuatro años que una ley discutida ampliamente en todo el territorio nacional por las más diversas agrupaciones, por los diversos sectores de la sociedad y aprobada mayoritariamente por ambas cámaras, yace a los pies de la Suprema Corte de Justicia que, con razón, ya merece llamarse “de … justicia”.

 

El tema no es menor. Por el contrario, es de la máxima importancia porque de esa manera es el contenido mismo de la democracia el que resulta cuestionado, más aún, vaciado de contenido. Reviste mayor gravedad aun si se tiene en cuenta que de sólo un plumazo y en tiempo récord, borra la ley de reforma judicial propuesta por el poder ejecutivo y aprobada por ambas cámaras del poder legislativo.

 

La constitución nacional aprobada en 1853 estableció el sistema presidencial, determinando un período de seis años, sin posibilidad de re-elección consecutiva. La reforma del 94, la del célebre Pacto de Olivos, estableció la duración de cuatro años con la posibilidad de una única re-elección consecutiva.

 

En la realidad, salvo en las elecciones de Yrigoyen y en las de Perón, la elección presidencial no significaba ningún cambio de fondo de la realidad, es decir, el poder ejecutivo no representaba un poder relevante. Los poderes se encontraban siempre en otra parte. Era el poder de la oligarquía, de los dueños de la pampa húmeda y del puerto, de los criadores o de los invernadores. La economía dominaba como soberana. Cuando este poder se encontraba desafiado o simplemente no lograba todos los beneficios que creía merecer, solicitaba el servicio de las Fuerzas Armadas.

 

Las elecciones tenían entonces la función de nombrar a quienes como presidente y a quienes como legisladores iban a expresar los intereses de esos poderes en leyes del poder legislativo y ejecuciones de las mismas por parte del poder ejecutivo. O sea, nada cambiaba en cuanto se refiere a los poderes existentes. No se discutía el fondo, el proyecto de país, las transformaciones estructurales, sino que todo pasaba por “la escena”. Era como en el teatro, arriba en la escena se producía el traspaso de quienes recitaban determinados papeles, que debían ceñirse a lo que el “apuntador” les indicaba. 

 

¿Qué pasó con el primer gobierno de la recuperada democracia, es decir, con el gobierno de Raúl Alfonsín? Éste no estaba de acuerdo con el proyecto de país elaborado y puesto en marcha durante la dictadura cívico-militar genocida, es decir, con el proyecto neoliberal, pero sus equipos no habían elaborado un proyecto alternativo. Las corporaciones –la corporación agraria, la judicial, la empresaria, la militar, la eclesiástica- que habían conducido el proceso de transformación neoliberal durante la dictadura, determinaron, en consecuencia, que ese gobierno no les servía. Bien le dijo Magneto que él ya era “el problema”.

 

El poder de estas corporaciones, por otra parte, está conectado en forma dependiente a los intereses de corporaciones internacionales que conforman el poder imperial. Pentágono, Banca Internacional, Fondo Monetario Internacional, monitorean a los diversos Estados en los cuales se desarrollan poderes que les están sometidos. Ningún golpe de Estado que se ha producido en nuestro país contó sólo con los intereses de los poderes internos.

 

Siendo, pues, el gobierno de Alfonsín “el problema”, era lógico que se produjera el golpe de Estado que, en lugar de tomar la forma de golpe militar, lo hace con la forma de golpe de mercado, denominado “hiperinflación”, que cumple a la vez dos finalidades, terminar con un gobierno ya inservible para las corporaciones y aleccionar, condicionar, al que accederá al gobierno mediante el voto ciudadano.

 

Menem tomó nota de ello y se prestó no sólo para actuar como representante de esos poderes, sino que resolvió sobreactuar sometiéndose completamente a los súper-poderes que habían determinado el final anticipado del gobierno de Alfonsín. Nada más acertado para caracterizar el gobierno de Menem que la tarea realizada por su ministro Guido di Tella, “relaciones carnales” con el imperio, que, por extensión, eran relaciones carnales con los poderes fácticos nacionales nombrados.

 

La implementación a rajatabla del neoliberalismo no podía llevar a otro resultado que al colapso del Estado. El presidente De la Rúa escapando en helicóptero de la casa de gobierno, la policía reprimiendo violentamente, con muertes incluidas, a un pueblo que se había apoderado de Plaza de Mayo y de las principales arterias de la capital, son las postales que describen gráficamente el final  el proyecto neoliberal. Diversas ingenierías que se imaginaron para salir del caos y reencausar el Estado, no dieron resultado. No quedó otra que volver a llamar a elecciones que, como siempre, se las supuso como un mero recurso para presentar en escena

nuevos actores que se ajustasen al papel del apuntador.

 

Es de esa manera que Néstor Kirchner, con un risible caudal de votos, llega a la Casa Rosada. Uno de los más connotados representantes del poder pretendió fijarle la agenda al nuevo presidente, es decir, le presentó el papel de la pieza teatral a la que él debía servir de pantalla. Tres tapas de Clarín serían suficientes hacerlo renunciar.

 

Pero por primera vez desde que se instaló la democracia, luego de la dictadura cívico-militar, asumía el gobierno un presidente que estaba dispuesto a asumir el cargo político al que había llegado para transformar la política en un verdadero poder que respondiese a los intereses populares.  

 

Ello significaba una dura lucha contra los poderes fácticos que siempre habían dominado, haciendo inútiles las elecciones. La confesión de Menem en el sentido de que si decía lo que iba a realizar si ganaba las elecciones nadie lo iba a votar, expresa claramente la situación. El nuevo presidente se sometería como siempre, pero redoblando la apuesta, a los poderes fácticos monitoreados por el imperio.

 

Ahora bien, según la constitución nacional, contando todas las reformas que ha sufrido, el sistema argentino está constituido por tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, de los cuales los dos primeros se ven sometidos al control ciudadano mediante las votaciones periódicas, mientras que el judicial no sale del circuito cerrado de la “corporación judicial”.  

 

En una concepción mecánica del funcionamiento del Estado se ha pensado que los diversos poderes se contrapesan para evitar la dictadura de uno de los poderes, que sería el ejecutivo. Hegel y Marx critican esta concepción en la medida que el sentido de que tal comportamiento de poderes llevaría a una paralización. Está claro que si se considerara a los poderes como enfrentados, ello significaría que no hay un proyecto de país a realizar, sino tres proyectos.

 

El surgimiento del sistema republicano surge como consecuencia de la revolución moderna o burguesa, que destrona al sistema monárquico que se había transformado en la “monarquía absoluta”. El representante del poder ejecutivo pasa a desempeñar el papel que correspondía al monarca. Éste era el depositario del proyecto nacional.

 

Las diferencias fundamentales con la república y su sistema presidencialista consisten en que tanto el presidente como los miembros del poder legislativo son elegidos por votación popular y tienen acotado su período de permanencia en el gobierno. El poder judicial, en cambio, no se ve sometido a ninguna consulta popular, lo que le permite conformar una corporación cerrada.

 

Para que este sistema funcione debe haber coordinación entre los tres poderes, teniendo en claro que quien “conduce” el proyecto nacional es el poder ejecutivo porque para eso ha sido elegido. El poder legislativo tiene que proporcionarle las leyes necesarias para que ese proyecto sea llevado a cabo, y el judicial, atender al cumplimiento de las leyes.