Dueños de medios. Empresarios. Así se integra la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la corporación que reúne a los grandes dueños de diarios del continente, que fue tomada por asalto por la CIA en la década del '50, que desde entonces enmascara sus intereses detrás de una autolegitimación como árbitro continental de la libertad de expresión cuando su tarea fue la coordinación comunicacional de los golpes duros y blandos en Latinoamérica, y que tiene un rol central en los procesos desestabilizadores en todo el continente.

 

A finales de octubre, la 69º Asamblea de la Sociedad Inteamericana de Prensa sesionó en Denver, Estados Unidos. Entre sus objetivos estuvo el "apoyo de los principios fundamentales de una sociedad libre y de la libertad individual", así como estimular “una conducta comercial ética". Como vendedores de información valorada como mercancía que se compra y se vende en un mercado de lectores, el comercio ético de noticias entra, siempre, en un conflicto de intereses.

 

La comitiva argentina fue nutrida. Participó Bartolomé Mitre de La Nación, que es a su vez secretario de la SIP. También Martin Echevers, gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, que es presidente de la Junta de Gobernadores del Instituto de Prensa de la SIP. También Carlos Jornet, director de La Voz del Interior y presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Aunque, de hecho, se trata de un hombre de Clarín y La Nación, que son dueños de La Voz del Interior a través de CIMECO, una empresa que comparten y que compró además el diario Los Andes de Mendoza. También viajó Marcela Noble Herrera, una de las hijas adoptivas de Ernestina Herrera de Noble, que reafirma la presencia empresarial y no periodística en la SIP.  Completaron la delegación Leonor Etchevehere de El Diario de Paraná -vinculado al actual presidente de la Sociedad Rural Luis Etchevehere, Jorge Fascetto de Diario Popular, Ernesto Kraselburd de El Día de La Plata y Sergio Romero de El Tribuno de Salta.

 

El informe 2013 sobre Argentina es un compendio de las líneas editoriales de Clarín y La Nación, secundados por otros diarios, algunos por convicción, otros, como La Voz del Interior y Los Andes, también por pertenencia. Allí abundan críticas a la supuesta falta de libertad de expresión, esgrimidas por empresarios de medios que día a día publican sin restricciones ni censura.

 

El informe afirma que "el último semestre ha estado poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística". Es breve, unas 1900 palabras. De ellas, unas 300 se dedican a enunciar un supuesto boicot a la publicidad privada que se autodesmiente al ingresar a los portales de los diarios. Otras 250 a criticar la distribución de la publicidad oficial. Otras 325 palabras para criticar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que luego la Corte Suprema de Justicia ratificó como constitucional en todo su articulado. Finalmente, 770 palabras para enumerar ataques a periodistas.

Entre los ataques a periodistas que efectivamente ocurrieron incluye este párrafo: "El 8 de agosto, el CEO del Grupo Clarín y su abogado fueron insultados, escupidos y golpeados por militantes del Frente para la Victoria y de la agrupación Tupac Amaru a la salida de una audiencia de mediación." Lo que el informe de la SIP no dice es que la mediación era a partir de un juicio que le inició el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a un periodista, Víctor Hugo Morales. O sea, una denuncia judicial de un empresario a un periodista. Un claro ataque a la libertad de expresión, pero al revés.

 

El informe sobre Argentina no fue la única actividad de su 69º Asamblea que muestra la verdadera cara de la SIP.  En una charla sobre la "Ley mordaza en Ecuador", el moderador fue Danilo Arbilla, del semanario Búsqueda de Uruguay. Arbilla, que llegó a ser presidente de la SIP, fue funcionario en el área de prensa de la dictadura militar en Uruguay. Durante su gestión entre 1973 y 1976 se clausuraron decenas de medios, se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya y varios periodistas fueron asesinados o secuestrados. Una de las galardonadas en esta edición de la Asamblea de la SIP fue Magdalena Ruiz Guiñázú, que recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa. Cuando Ruiz Guiñazú fue consultada sobre la SIP, afirmó que "en general ha tenido un buen desempeño", omitiendo el apoyo comunicacional a varios golpes militares. Cuando le preguntaron sobre el silencio de la SIP ante los asesinatos de periodistas en Honduras tras la destitución de Zelaya, dijo: "Eso me llama la atención, pero en este momento estoy muy ocupada con lo que pasa en el país. No quiero hablar de temas internacionales." Entre los premios, estuvo  la categoría Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad. Este premio lo patrocinaron, entre otros, La Nación, a pesar de haber silenciado los crímenes dictatoriales y, en los últimos tiempos, reivindicado al régimen nazi. En la categoría Opinión, el premio lo patrocinó el diario El Mercurio de Chile, que fue el brazo comunicacional de la SIP para derrocar al gobierno democrático de Salvador Allende.

En el mismo informe sobre Argentina, adelantaron que la audiencia solicitada por los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Mariano Obarrio, Luis Majul y José Eliaschev a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde no pudieron demostrar que existan peligros a la libertad de expresión en Argentina. Una vez más, la SIP mostró su cara y se solidarizó con ellos.

 

 

*Periodista. Autor del Documental “Clarín, un invento argentino”