En medio de la campaña electoral, las opciones, aunque no muy claras, son por alguna expresión opositora que confronte con el gobierno desde distintos postulados, o por los candidatos oficialistas que se presentan a través de la propia gestión gubernamental. El abanico no es pequeño, aunque, insisto, un tanto etéreo. Es posible conceder que algunas expresiones de la oposición no tengan una exposición que les permita ser conocidas y otras que, por conocidas, sus expectativas  también sean previsibles. Es posible conceder que, en ese marco, la opción por el voto a favor del oficialismo es una apuesta alejada de la zozobra causada por la orfandad de otras propuestas de peso.

 

                Dicho eso, es preciso focalizar el análisis sobre el discurso del oficialismo en sus distintas acciones, sobre todo en aquellas que son un punto de inflexión a su favor, un cambio de rumbo preciso respecto de experiencias pasadas, como fueron los Derechos Humanos y la cuestión petrolera con la asunción estatal de YPF a través de la adquisición de la mayoría de sus acciones.

 

           El debate iniciado a partir del ascenso del Gral. César Milani quizás nos permita entender un poco más las motivaciones de funcionarios del Gobierno Nacional al manifestar que los juicios de lesa humanidad debían concluir en 2015. La decisión de dotar a las FFAA de nuevas funciones va de la mano con la de impulsar a Milani como el hombre fuerte en el Ejército.  Si de nuevas tareas para militares se trata, se plantea el debate de la reconciliación de las FFAA con el pueblo argentino, erigiendo a las fuerzas en canales participativos y de gestión en contacto con áreas sensibles para las mayorías, como son los recursos naturales, la salud o situaciones de catástrofes.  Si bien desde 1983 hasta el presente ha sido harto difícil designar y ascender a miembros de las FFAA, dada su proximidad con la época de los crímenes cometidos, estamos en el momento en que existen generales que tuvieron poca edad durante la dictadura.  Ello permite ver para algunos un nuevo escenario y pensar en una nueva relación con las FFAA. De hecho, uno de los argumentos utilizados para absolver –de algún modo- a Milani, fue la edad que tenía en 1976 -22 años- y que, en todo caso, sólo acató órdenes (de nuevo la obediencia debida). 

  

           Cuando se conocieron las denuncias de su participación en crímenes de lesa humanidad, la primera reacción del Gobierno y de los organismos de DDHH aliados, fue la de atar la suerte del militar cuestionado a eventuales pronunciamientos judiciales. Reclamaron pruebas concretas y el derecho a la presunción de inocencia, como si el debate fuera en un proceso penal. Sin embargo, se trataba de la credibilidad política para la que no se necesita prueba judicial. Si Milani en algún momento es imputado en un proceso penal, entonces tendrá el derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria firme. Pero en lo que atañe a su ascenso -una decisión política-, no existe presunción de inocencia sino credibilidad del funcionario.

 

                El lunes 22 de julio el Senado de la Nación iba a tratar el pliego de Milani enviado por el Poder Ejecutivo. El domingo anterior el periodista Horacio Verbitsky, en su nota en Página 12 titulada “Fusible o paraguas”, invitó a Milani a bajarse de la propuesta y no buscar cobijo en las faldas gubernamentales. Al día siguiente se conoció la nota enviada por el Cels pidiendo el rechazo del pliego, argumentando que Ramón Olivera declaró como testigo el 8 de julio de 1984 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos, en la que involucró a Milani en el secuestro de su padre. También aportó material referente a la desaparición del soldado Agapito Ledo. A partir de esta presentación, la Presidenta suspendió el trámite hasta fin de año, cuando debió haber tomado una resolución definitiva por el desistimiento. Organismos de DDHH cercanos al gobierno asintieron. Otros, en cambio –incluso la Comisión Provincial por la Memoria- solicitaron que se retirase definitivamente el pliego de Milani, además de reclamar que el sistema judicial se expidiese.

 

            Entretanto, dirigentes de la UCR, con el patrocinio letrado de Julio César Strassera, denunciaron penalmente al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, acusándolo de haber ocultado información respecto de Milani. Claramente una jugada para salir en los diarios, con poca autoridad viniendo de quienes rechazaron habeas corpus durante la dictadura o, siendo ministros de la Alianza, se opusieron al juzgamiento de los criminales de lesa humanidad.

                El rol de los organismos de DDHH queda en medio del debate, teniendo en cuenta que varios de ellos acompañan de cerca la gestión de gobierno y, por acompañar, terminan siendo cuestionados en su función específica, que es la de velar por la vigencia de los DDHH.

 

                En cuanto a la cuestión petrolera, pocos fueron los detractores de la decisión del Gobierno de tomar las riendas de YPF, aunque ésta continuara cotizando en bolsa como sociedad anónima. Pero llegó Chevron y la posibilidad de un acuerdo para explotar gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta. El antecedente no era muy halagüeño, dado que su antecesora, Texaco, fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar indemnizaciones que llegaban a los 19 mil millones de dólares. Por esa cifra se presentaron acreedores ante la Justicia argentina reclamando el embargo a la empresa, lo que fue aceptado por sentencia de un juez de primera instancia y por su superior, la Cámara de Apelaciones. Luego intervino la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que dictaminó a favor de Chevron, solicitando se revocara la sentencia anterior y no se hiciera lugar al embargo. Utilizó, a grandes líneas, dos argumentos: la dudosa continuación de una empresa por la otra (que justamente es un rasgo característico de esta etapa del capitalismo) y la necesidad de no interferir con la política energética del país, a punto de celebrarse el convenio con YPF. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en el mismo sentido, con la excepción del ministro Carlos Fayt, que sostuvo el embargo. Pasados dos días del fallo, desde el Gobierno se comenzó una campaña contra el juez Fayt, en el marco de su alegada “democratización de la Justicia”, diciendo que tenía más de 75 años, edad contemplada en la Constitución Nacional, aunque hace 20 años que tiene más de 75.  Luego del fallo YPF celebró el convenio con Chevron, que no se hizo público, aunque se conocieron algunos aspectos, como el de la prórroga de jurisdicción a favor de jueces extranjeros, tal cual reclamaba la multinacional. Los daños a la salud y al ambiente causados por Texaco en Ecuador pasaron a la historia.  Chevron comenzó una campaña para negar los hechos por los que fue condenada por la Justicia ecuatoriana. Tal vez ahí resida su presión para tener, en caso de litigio, tribunales que les sean afines.

                 

*Abogado- Fundación Liga por los Derechos Humanos.