Por Santiago Marino*

(para La Tecl@ Eñe)

 

 

Realizar la Audiencia Pública fue una decisión muy inteligente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Aunque como la mayor parte de las cuestiones que tienen que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) tiene aspectos ambivalentes. Por un lado, se habilitó una instancia de participación ciudadana en un debate institucional, ante la inminencia de una decisión trascendental para el sistema de medios y la disputa política. Este es un aspecto muy positivo, emergente de un modo de gestión de la CSJN que ha desarrollado Ricardo Lorenzetti desde 2003, que se combina con el resto de los mecanismos de incidencia ciudadana en este trámite.

 

Por el otro lado, lo sucedido en las jornadas del 28 y 29 de agosto de 2013 permitió demorar la resolución final con una estrategia inteligente: el espacio de participación. Es muy complejo criticar la apertura al debate institucional por los efectos de demorar el fallo. Claro que esto se combina con la posibilidad que tendrá, luego de resolver la cuestión, de argumentar que fue un expediente muy trabajado, en el que se dio lugar a todos los actores -y no sólo a las partes- de exponer sus argumentos.

 

Luego de lo sucedido en la exposición de los Amicus –que como expresó Horacio Verbitsky fueron “de parte” y no “cercanos al Tribunal”- la idea de que la participación fue y diversa puede discutirse, ya que los sectores comunitarios no pudieron expresarse más que por escrito, sin que esto haya sido explicado de modo razonable por el presidente de la CSJN en su “pedido de disculpas”. Las organizaciones representativas de este sector, AMARC y FARCO, se habían presentado y no fueron habilitadas a exponer, sólo pudieron presentar su escrito, sin que se argumenten las razones. No es admisible dicho sesgo. Me pregunto ¿qué es más significativo? ¿Que la CSJN deje afuera de los Amicus a las organizaciones representativas del sector sin fin de lucro, o que abra la inscripción para luego decirles que no pueden exponer?

 

Otro aspecto –más simbólico que institucional- a destacar es que la convocatoria puso en pie de igualdad a un actor como el Estado (que debe velar por los derechos de todos los ciudadanos) y una empresa privada (que actúa en base a sus propios intereses), cuando tienen entidades diferentes. Y además, esto profundizó la circulación de discursos polarizados: dos únicas posiciones posibles respecto de esta cuestión. Pero, es cierto y justo marcarlo, tal vez la Audiencia haya generado las condiciones para el debate más respetuoso que recordemos sobre el rol del Estado y la configuración del sistema de medios desde que se instalaran en centro de la agenda pública, como uno de los resultados de la crisis política de 2008.

 

Si focalizamos en las exposiciones, durante la primera jornada varios argumentaron desde lo político (fundamentalmente los Amicus del gobierno) y no tanto desde lo técnico. Sin embargo, los más destacados fueron sin dudas Damián Loreti –que planteo con claridad y citas técnicas a la jurisprudencia la necesidad de que el Estado defina regulaciones específicas para limitar la concentración de la propiedad en el sistema de medios, comunicación y cultura- y Víctor Abramovich –quien con un desarrollo conceptual muy sólido dio cuenta de que lo aparece en discusión en este expediente: si esa regulación debe partir de la concepción sociopolítica que establece que la comunicación es un derecho humano fundamental, o bien si lo que debe predominar es la concepción que equipara a la comunicación con una mercancía.

 

Por el lado de los defensores de la posición del Grupo Clarín, el principal aporte lo hizo Lucas Sebastián Grossman, que apuntó al centro de la cuestión: ¿el límite debe ponerlo la LSCA o Defensa de la Competencia? Algo respondió Loreti al respecto. Pero la claridad de este Amicus de Clarín permite reponer la intriga de por qué el grupo no usó ese argumento y ese defensor durante estos 4 años de discusión (más allá de lo mediático de su discurso, expresado en la idea de que “el tamaño importa” y de la falta de respeto que demostró a la figura de la Relatoría de Libertad de Expresión y su informe de 2004, que “fue redactado por un pasante” según espetó).

 

Por supuesto quedaron muchas dudas, como cuánto del fallo ya esté definido o sí podrá cambiar a partir de la Audiencia. Las respuestas están en la CSJN.

 

Para esa primera jornada, mi impresión es la de empate técnico, con leve ventaja para el denunciante (El Grupo Clarín) y un claro triunfador general: la CSJN, en términos políticos, simbólicos e institucionales. Por otro lado, aparece la idea (bien expresada por Martín Becerra) que sostiene que la línea argumentativa del Grupo (“la desconcentración de la TV de Cable afectará la provisión de Internet”) parece esbozar la política de control de daños que tal vez haya iniciado en estos días.

 

De la segunda jornada, que fue la más interesante, en la que los actores involucrados debieron responder a preguntas muy exhaustivas y equilibradas de la CSJN, se destaca específicamente el rol que jugó Lorenzetti, quien llevó adelante las acciones, manejó los tiempos, repreguntó y evitó así que se divagara en las respuestas, solicitando a los equipos de abogados y especialistas que focalizaran sus planteos.

 

La lista de consultas (17 para el Grupo Clarín, en primer término y 36 para el gobierno, en segundo lugar) fueron correctas y pertinentes, y además apuntaron a las cuestiones más débiles de cada posición: se solicitó al denunciante que argumentara por qué la reducción de su posición dominante en el mercado afectaría su libertad de expresión. Y pidió al gobierno que demostrara por qué la regulación del sistema debe ser específica, y cuáles son las razones que habilitan a establecer los límites cuestionados (de cantidad de licencias, propiedad cruzada, cuotas de mercado y mecanismos de adecuación) en el expediente.

 

De las performances, se destacó casi de modo unánime la despareja actuación del equipo de abogados de Clarín, con dificultades para sostener su argumento reduccionista (libertad de expresión=libertad de empresa=economía de escala); y la descollante actuación de Graciana Peñafort, que dejó claro el posicionamiento, demostró (sin buscarlo) el error que cometió la gestión anterior de AFSCA al desplazarse, tuvo intercambios lucidos con Lorenzetti e incluso remó como pudo los puntos débiles del gobierno, al no poder precisar la cantidad de nuevas licencias otorgadas, o la cuestión técnica de qué derecho le asiste al titular de una licencia que se vea afectado por la adecuación a la nueva ley.

Podríamos resumir los siguientes aspectos:

 

• La CSJN (Lorenzetti) sorprendió, trabajó antes y durante, realizó excelentes preguntas.

 

• Clarín desarrolló una estrategia para argumentar que los límites a la concentración (en debate) afectan SU libertad de expresión. Pero no dio la talla.

 

• La posición del gobierno pareció sólida. Tal vez ganó “por puntos” la segunda jornada, aunque no despejó todas las dudas y dejó flancos abiertos.

 

Asistimos en esta Audiencia en doble jornada al debate más amplio y sólido –como sostiene Guillermo Mastrini- de los últimos tiempos en la Argentina. Si revisamos el proceso, todos los poderes del Estado debatieron con la ciudadanía esta norma: lo hizo el PEN en 2009 con los foros ciudadanos previo al envío del proyecto; lo hizo el Congreso mediante audiencias públicas en Diputados y en Senadores; y lo hizo ahora el Poder Judicial en la escena de la CSJN. Queda esperar el fallo. Tal vez no esté en juego la democracia. Pero sí está en juego el modo en que el Estado puede regular la concentración de la propiedad en el sistema de medios, aspecto central de sociedad actual. ¿Será Justicia?

 

 

* Licenciado en Comunicacion Social por la Universidad Nacional de Buenos aires