El 23 de julio de 2013 Página 12 publicó una columna del Licenciado Héctor Valle, miembro del directorio de YPF, donde vierte su opinión favorable al acuerdo que celebró con Chevron la empresa actualmente con mayoría accionaria nacional. No me voy a extender en ese punto, porque estoy de acuerdo con él y por las mismas razones. Podrían añadirse más, pero no es lo que me preocupa ahora.

 

Opino que es muy mal favor el que hace el Lic. Valle a YPF y en general a la decisión del gobierno de estimular la inversión de capitales para la explotación de hidrocarburos cuando pretende darle un sustento histórico político basado en pretendidas similitudes con los contratos que se proyectaron durante el último período del primer peronismo y, luego, los concretados por el gobierno de Arturo Frondizi.

 

La situación política actual es totalmente diferente, tanto a nivel mundial como nacional. En el máximo reduccionismo valorativo, para la sociedad y el pueblo de la Argentina la situación es notoriamente peor hacia el exterior, y mejor hacia adentro en los aspectos políticos e institucionales.

 

Tratar de defender los acuerdos con Chevron acudiendo a los precedentes históricos como se efectúa en la columna no redundará sino en proporcionar argumentos a lo único que existe de parecido entre la década de 1950 y la actualidad: la ciega crispación de la oposición.

 

Como rápida respuesta a lo que creo un error tácticamente muy dañino, especialmente por el tiempo electoral que se vive, me remito a lo que escribí en “Manual para Argentinos” (edit. Dunken, 2011). Lo referido al contrato con “La California” se halla en las páginas 87/88; a los contratos del gobierno de Arturo Frondizi en las páginas 220/222.

 

Acerca de los contratos con “La California”

 

(A comienzos de 1955)…en otras palabras, el mantenimiento del esquema agro-exportador como base de la economía nacional seguía ejerciendo su influencia castrante del progreso como nación independiente. Esta fuente de ingresos desde el exterior generada por la guerra en el norte e inmediata posguerra se diluía, además, hasta el límite de casi su extinción, como consecuencia del éxito del plan Marshall lanzado por Estados Unidos para la recuperación económica europea. Los tiempos de

la gran prosperidad y la euforia habían concluido. La acumulación de capital planteaba nuevas exigencias para su reproducción. En 1955 la Confederación General Económica elevaba un informe explicando la necesidad de “renovación de equipos de toda índole”. Y la revista Metalurgia informaba en marzo de 1955: “Un elevadísimo porcentaje de la potencia energética instalada en la República está llegando, o ha llegado ya, a su límite técnico de vida”. Ya se había dictado la ley 14.222 en 1953 buscando atraer el capital extranjero –bien que dirigido a industrias y minería – permitiendo la transferencia de utilidades de hasta el 8% del capital libre de impuestos y la posterior repatriación del capital luego de diez años. En abril de 1955 se firmó el contrato celebrado entre el gobierno peronista y la Standard Oil de California (SOCAL), a través de su subsidiaria California Argentina, constituida bajo las leyes del Estado de Delaware,  Estados Unidos, cronológicamente uno de los primeros “paraísos fiscales”. El convenio permitía decisiones de disposición extrema de la empresa dentro de la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de la explotación petrolífera de su subsuelo (49.800 km2). Durante cuarenta años, prorrogables, la empresa tendría el derecho único y exclusivo de explorar, catear, extraer y explotar el petróleo, en una concesión que se ubicaba entre las más extensas del mundo. La lectura de los artículos 6 y 9 del decreto 5885/55 muestran que se otorgaban derechos difíciles de creer: la empresa podía construir, mantener, operar, dentro y fuera del área del contrato cualesquiera equipos, plantas, campamentos con todo lo convenible y deseable para su funcionamiento, edificios, aeropuertos, campos de aterrizaje, sistemas de comunicaciones, oleoductos, estaciones marítimas, muelles, caminos, pero no tendría el deber ni la obligación de poner tales obras o el uso de las mismas a disposición de terceros, entre los que estaban particulares, el Estado y las fuerzas armadas, sin excepción. Silenzi de Stagni diría que no se explicaba cómo no se había autorizado también a cercar el área con un alambrado y mantener un cuerpo de policía y ejército mercenario con la bandera de la compañía. Tal vez, añadimos, no se hizo hincapié en el cerco por aquello que destacamos en cursiva acerca de que todos los derechos otorgados los podía ejercer también “fuera” del área del contrato. Además de ventajas como la de importación de todos los equipos, sobre los que no podía controlarse su rendimiento u obsolescencia, y numerosos beneficios más de los que no gozaba YPF, se le otorgaba una asombrosa libertad para el ingreso, egreso y cambio de moneda con la consiguiente posibilidad de enormes ganancias especulativas. Así (art. 19) podrían ser remesadas libremente todas las percepciones de dinero que recibiera la compañía, por motivo del contrato, en moneda argentina, convirtiéndola a dólares que se depositarían en un banco de Estados Unidos a designar por ella. Para asegurar la ventaja cambiaria, el gobierno se comprometía a garantizar la puesta a disposición de los bancos todos los dólares necesarios para las remesas de manera inmediata, bajo pena de terminación del contrato por parte de la compañía. Entre la ristra de increíbles condiciones leoninas no faltaba que cualquier controversia entre el gobierno y la compañía sería sometida al arbitraje del Instituto Americano del Petróleo, constituyéndose ya entonces una renuncia a la jurisdicción nacional a la que nos acostumbrara décadas después el neoliberalismo.

 

Sobre los contratos del gobierno de Frondizi:

 

En 1954 Arturo Frondizi, que apuntaba a constituirse en líder de la oposición, publicó Petróleo y Política, donde denunciaba la actividad de las petroleras extranjeras en la Argentina, y reivindicó el monopolio de YPF sobre el sector. Fue “best seller” en 1955 impulsado por las discusiones suscitadas por la firma por Perón de aquellos mencionados contratos con la Standard Oil de California. Pero a poco de asumir como presidente constitucional después del golpe del 56 –aunque triunfando con el peronismo proscripto, que lo apoyó en las urnas– contrariando frontalmente las ideas expuestas en su libro, Frondizi firmó contratos con compañías petroleras extranjeras que autorizaban alas empresas a introducir todo el material que considerasen necesario para la explotación petrolera, sin pagar impuestos. La carga impositiva sería abonada por YPF y el reintegro de las inversiones y las ganancias de las empresas podrían ser girados al exterior con absoluta libertad. YPF, por añadidura, se comprometía a comprar todo el petróleo que extrajeran estas empresas. Más entrega, difícil de imaginar, aunque luego llegó quien lo superara. Si bien se triplicó la producción petrolera, ello obviamente no significó ninguna ventaja para el país, ya que no se logró equilibrar la balanza de pagos ni la comercial, porque como era de toda lógica el convenio aumentó notablemente el déficit, aunque se declamara que nos estábamos “autoabasteciendo”.

 

El 15 de noviembre de 1963, el presidente Illia decretó: “Declárense nulos de nulidad absoluta, por viciosos de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la explotación y exploración de petróleo suscriptos por YPF en el período 1º de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963. […] YPF se hará cargo de todas las actividades que se fijaron las empresas contratantes”.  

 

Una buena pauta para juzgar esos episodios de nuestra historia petrolera la dio treinta y cinco años después, en 1998, el infausto Presidente Menem, cuando calificó los contratos petroleros realizados durante la gestión de Arturo Frondizi como “actos realmente geniales”. En cambio, manifestó que la anulación de dichos contratos, dispuesta en 1963 por el Presidente Illia, “fue un verdadero acto de corrupción, que le costó a la Argentina miles de millones de dólares. Y todavía no encuentro quien se haga responsable de ello”. A pesar de presentarlos como locaciones de obras y de servicios, los contratos de Frondizi eran, en verdad jurídica desnudada, típicas concesiones. Los pozos que perforaron las empresas concesionarias pasaron a ser de su propiedad, prácticamente hasta su agotamiento. YPF se obligó a adquirir el petróleo que produjesen aunque se excedieran las posibilidades de la empresa para transportarlo y/o almacenarlo, a un precio y en condiciones absolutamente antieconómicas. No hubo licitaciones, sí exenciones impositivas, no se pidieron avales (sí a YPF del Banco Central e Industrial), YPF tomó a su cargo el caso fortuito y la fuerza mayor que perjudicara a las empresas concesionarias y se declinó la jurisdicción nacional para los conflictos. Económicamente: 1) las inversiones comprometidas, que alcanzaban a 1000 millones de dólares, en realidad fueron 20, las demás fueron reinversiones hasta llegar a un total de 80; 2) Para el precio a abonar por Y.P.F. se tomó el internacional (superándolo a veces por las desgravaciones y beneficios). En promedio Y.P.F. pagó U$S 21,75 el metro cúbico y cuando se celebraron los contratos el costo total que lograba Y.P.F. era de U$S 4,50 el metro cúbico. YPF debía pagar en dólares, así que tampoco ocurría que se ahorraran divisas.

 

La anulación realizada por el gobierno de Illia fue sin indemnizaciones, sólo se compraron los activos de los contratistas a precio de liquidación, pero el mejor resultado aconteció diez años más adelante, cuando esa anulación impidió que las crisis petroleras iniciadas a partir de 1973, que elevaron el precio internacional del petróleo de 15 a 200 U$S/ m –6,3 barriles– (1.230% de aumento), afectaran de manera directa a la economía. Los contratos firmados en tiempo de Frondizi, de haber seguido vigentes, habría dejado atada la compra obligatoria al precio internacional, con lo que se hubieran agravado en enorme proporción los problemas ocasionados por la baja del precio de nuestras exportaciones y el aumento de los bienes importados. Este desequilibrio se había originado por el incremento mundial de los costos energéticos y por la sistémica balanza negativa en los términos de intercambio entre un país en desarrollo como el nuestro, que exporta materias primas, con los desarrollados de los que importa productos con alto valor agregado. Sólo durante la vigencia de los contratos, de haber continuado, debió el país haberles pagado unos 3.500 millones de dólares a los contratistas. Para más beneficio del país, la anulación permitió que YPF descubriera el yacimiento gasífero gigante de Loma de la Lata, que hubiera reportado a Esso –que tenía concesionada esa zona– unos 46.000 millones de dólares.

 

*Ex titular de la Oficina Anticorrupción (1999/2002); ex juez de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (1984/1999)